Mediante una orden ministerial y en plena pandemia por coronavirus, permitirá a las regiones el alquiler ‘forzoso’ de viviendas privadas con fines sociales
Cada día este Gobierno asusta más. Se está echando al pueblo español encima con cada iniciativa que propone u obliga, porque ésto, la verdad, comienza a ser una dictadura a todas luces. Cuba, Venezuela…España sigue sus pasos.
En plena Semana Santa y con una pandemia que está arrasando España, el Gobierno se ha ‘inventado’ una orden ministerial para, como suena, poder expropiar la vivienda privada cuando le de la real gana, o dicho de un modo más fino, alquiler ‘forzoso’ con fines sociales.
La noticia saltó ayer por la tarde. El BOE acababa de publicar, concretamente en la página 6, un cambio normativo que ha dejado con cara de tontos a españoles, políticos y yo creo que hasta ellos mismos.
Es más, la noticia era tan poco creíble, que todo el mundo pensaba en las redes sociales que era un bulo más. No podía ser cierto tal ‘burrada’. Pero sí. Pedro Sánchez y su Gobierno han demostrado una vez más que pueden superarse.
El Gobierno, mediante una orden ministerial publicó ayer en el BOE, con la firma del ministro de Transportes, el famoso personaje José Luis Ábalos, un cambio normativo que es una declaración de guerra a la oposición a todas luces.
Dicho cambio va dirigido en favor, como no, de los mayores admiradores del Gobierno de Sánchez, que son “las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables”.
El objetivo del programa es “facilitar una situación habitacional inmediata a estas personas”.
¿Qué quiere decir esta frase tan bonita? Porque estos personajes usa un vocabulario que muchos españoles no entienden y se aprovechan de ello… Pues viene a decir que las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla pondrán a disposición de las personas víctimas de violencia de género (o que se lo inventen), personas desahuciadas (o que no quieran dar un palo al agua), personas sin hogar y vulnerables una vivienda pública, o que haya sido cedida a la administración pública para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho…
Hasta aquí, bueno, dentro de lo lógico que se puede pedir, más aún viniendo de un gobierno, supuestamente, progresista. Pero lo sorprendente viene ahora.
Justo después de publicarse dicha parrafada, el BOE sorprende a los españoles con que “cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes”.
Esto quiere decir, en pocas palabras, que las personas con propiedad privada no tendrá derecho sobre ella. Abolida la propiedad privada. Tendrán que cederla a la administración pública para el uso con fines sociales.
Lógicamente, ante tal disparate, la pregunta es clara a todas luces; si uno se niega a ceder su vivienda, ¿entra en juego la expropiación forzosa? En principio no, aunque se puede imponer un arrendamiento forzoso y, además, sin especificar el límite de tiempo del uso de la vivienda con fines sociales.
Por cierto, el Gobierno delega en las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla el decidir quién es considerado como persona ‘vulnerable’ y destacan que no podrán ser beneficiarias “aquellas personas que dispongan de una persona en propiedad o en régimen de usufructo que puedan ocupar tras la acreditación de la condición de víctima de violencia de género o el desahucio de su vivienda habitual o de la consideración de especialmente vulnerable, y cuya ocupación sea compatible con dichas situaciones”.
