El aquelarre nacionalista-separatista del pasado 29 de febrero en
Perpiñán ha pasado durísima factura a Cataluña y el sureste de Francia. A
pesar de las advertencias de organismos oficiales y quejas de asociaciones
vecinales, Puigdemont y sus huestes mantuvieron contra viento y marea la
convocatoria. Más de cien mil personas se congregaron en torno al mesías del
independentismo, acelerando el estallido del bombazo vírico. El 12 de febrero
se había clausurado el congreso mundial de móviles de Barcelona, las
autoridades sanitarias francesas y españolas estaban perfectamente
informadas del seguro riesgo que representaba aquella concentración de
masas y a pesar de ello nadie hizo nada al respecto. Las consecuencias
quedan a la vista: Cataluña lidera junto a Madrid el ranking de fallecidos por
coronavirus y Perpiñán se ha convertido en el epicentro de la pandemia en
Francia.
El asunto resulta incómodo y nadie (casi nadie) lo ha traído a colación,
relacionando el acto de masas con la propagación del virus en la zona. Nuestro
gobierno desde luego no va a decir una palabra porque bastante tiene con su
8-M, su temeraria inacción durante todo el período de pre-alarma y su
necesidad de llevarse bien o medio bien con la hidra separatista. Otros partidos
y fuerzas sociales también guardan silencio por razones que se me escapan y
que, la verdad, me interesan muy poco. Las cifras de contagios y fallecimientos
no admiten discusión ni retorsión: los muertos hablan.
El separatismo catalán, obsesionado en construir un relato de victimismo
y penuria en torno a la causa, ya tiene mártires. Muchísimos mártires: los
voluntarios que acudieron a Perpiñán a contagiarse y los forzosos, víctimas del
fanatismo, la cerrilidad e irresponsabilidad de unos líderes políticos que, como
siempre, han antepuesto su mugrienta ideología y sus intereses aún más
mugrientos a la seguridad de la población. Contento y orgulloso habrá quedado
el inefable alcalde (todavía) de Perpiñán.
