Por intervención fraudulenta en contrataciones públicas, prevaricación administrativa y tráfico de influencias
VOX ha interpuesto una querella criminal, ante el Juzgado de Instrucción, contra el jefe de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental y subdirector General de Conservación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, Alfredo González González, y contra el director General de Carreteras, Francisco Javier Herrero, por la adjudicación de un contrato para la
ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las carreteras del sector AV-02, por un valor superior a 25 millones de euros, a una empresa que de no haber mediado la intervención ilícita en las valoraciones técnicas de la licitación no lo hubiera obtenido.
En concreto, los hechos constituyen un caso de corrupción, por los delitos por los que esta formación interpone la querella son prevaricación administrativa, contemplado en el artículo 404 del Código Penal; delito de tráfico de influencias, contemplado en los
articulo 428 y 429 del Código Penal; y delito de fraude y exacciones ilegales en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidación contemplada en el artículo 436 del Código Penal, pudiendo incluso revelarse la existencia de posible malversación de caudales públicos.
Tras el estudio del director de Contrato del Sector AV-2 y jefe de la Unidad de Carreteras de Ávila, Manuel María Llanes, de las empresas candidatas al contrato, y tras reunirse con el Técnico de la Unidad de Carreteras de Ávila, se remitieron las puntuaciones de las empresas licitadores a su superior, SR. González.
Unos días después, Llanes recibió la llamada de su superior, quien le solicitó que igualara las puntuaciones entre la primera empresa licitadora, Matinsa, que había obtenido 88 puntos con la empresa Cyopsia-Sisocia, que sólo había logrado 72 puntos.
Estas conversaciones telefónicas han sido aportadas al Juzgado. En ellas se comprueba que González, tras un nuevo análisis de Llanos para comprobar si había algún error en la puntuación, insiste para que aumente los puntos de Cyopsia-Sisocia.
Sin embargo, Llanes mantiene su posición de que las puntuaciones son correctas e insiste en las deficiencias técnicas de la empresa a la que González pretendía beneficiar. No obstante, González, a lo largo de la conversación, insiste en que la licitación no es más que un mero trámite para que el órgano de contratación adjudique a su único criterio y sin seguir la contratación.
Finalmente, el contrato fue adjudicado a la empresa Cyopsia-Sisocia, y Llanes, quien debía ser el técnico que controlara el desarrollo del contrato, fue relegado de esta labor. Para la vicesecretaria Jurídica de VOX, Marta Castro, esta degradación, “sin duda alguna, fue motivada por la negativa de Llanos a amañar el concurso”.
Llanos, consciente de que el desarrollo de la contratación se había realizado con graves irregularidades administrativas, que podrían ser constitutivas de delito, procedió a realizar una declaración notarial que constituye la base probatoria de la querella.
Por todo ello, esta formación ha solicitado al Juzgado que tome declaración de los dos cargos querellados; que se solicite el expediente completo del contrato en los hechos al órgano de contratación y que se recabe la información publicada sobre los hechos referidos en los medios de comunicación y páginas web así como otras informaciones sobre los hechos que hayan sido publicadas.
Por último, los servicios Jurídicos de VOX han solicitado que se llame a testificar al representante legal de Cyopsa-Sisocia; a Manuel María Llanes Blanco; y a la persona que le sustituyo en la labor de controlar el desarrollo del contrato referido, Enrique Arredondo Estévez.
