sábado, enero 16, 2021

La PCR para los ilegales, gratis; para una niña de Cartagena que tiene que operarse de urgencia la boca, 150 euros

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Obligan a la menor a tener la PCR para ser anestesiada, pero la Seguridad Social no corre con los gastos porque no ha estado en contacto directo con un positivo en coronavirus

Así funcionan las cosas en este país. Así de inútiles son los que nos gobiernan y los secuaces que les hacen la ‘pelota’.

Una niña de Cartagena, de siete años, necesita ser operada urgentemente de la boca. La sedación conlleva la dichosa prueba PCR, pero como no ha estado en contacto con un positivo en coronavirus, la Seguridad Social no corre con los gastos. Le toca a la familia de la menor desembolsar 150 euros. Así de simple.

Así trata nuestro Gobierno a la gente española y honrada. Así que, ya saben, mientan. Busquen la trampa. Si necesitan una PCR, digan que han estado en contacto directo con un positivo en coronavirus. O mejor aún, afirmen que han llegado en patera…

Una mujer de Cartagena (M.R) se puso en contacto con cuartaedicion.com para denunciar su caso porque le parece vergonzoso cómo trata el Gobierno a los españoles. Como bien dice ella, «hasta que no nos toca, no somos conscientes de cómo actúa nuestra Seguridad Social», y en definitiva, nuestro patético Gobierno.

Su hija, de nombre Iria y de siete años de edad, necesita ser operada de urgencia de la boca. Un tratamiento odontológico complejo debido a que su situación ha empeorado con el estado de alarma.

La niña es muy pequeña. Todavía no sabe controlar el miedo y no queda otra que sedarla para llevar a cabo la intervención y hacerle así el tratamiento completo en un día. El pago de la operación asciende a un total de 1.383,12 euros.

Lógicamente, la anestesista, como manda el protocolo, pide obligatoriamente la PCR para llevar a cabo la sedación. Hasta ahí todo normal. Caro pero normal. El problema viene ahora.

E la clínica privada le aseguran a la familia de Iria que el pediatra, mediante el informe previo, solicitará la prueba por la Seguridad Social.

Pues bien, ahí que acude la madre de la niña, con el informe médico, para solicitar la dichosa prueba (todo por teléfono…no vaya a ser que se propague el maldito bicho).

El lunes pasado comunica la madre con la pediatra. Ésta le da largas toda la semana y el viernes le dice que no se hacen allí (centro de salud de San Antón). «Búscate la vida», le comentó literalmente.

Administración del centro público también invita amablemente (ironía) a que se busque la vida. «Es lo que hay», textualmente.

Son los protocolos. Si no ha estado en contacto directo con un positivo por coronavirus, no hay prueba.

«Es decir, ¿debería haberles mentido?, ¿decir que tenía síntomas?», apuntó la madre a este periódico.

La prueba PCR por privado son 150 euros. 120 euros en el laboratorio, pero el analista no llega hasta el 19 de octubre y la niña tiene que ser operada ya. Así que le toca a la madre desembolsar 150 euros más por una prueba que diariamente se le realiza a miles y miles de personas que no lo necesitan (llámese futbolistas y demás). Una prueba que todo aquel que llega en patera de manera ilegal tiene hecha al segundo.

Los que cotizan en la Seguridad Social no tienen derecho. El resto del mundo sí…bienvenidos a España…

«¿Por qué ellos sí y mi hija no tiene derecho? Tampoco se la harían si sospecho que tiene covid. Sólo con contacto directo…y otros sí. Vergonzoso. Me siento impotente»

Aquí todo el mundo se lava las manos. El Gobierno no tiene culpa, la Seguridad Social cumple con los protocolos establecidos…pero la familia de Iria tendrá que desembolsar más de mil euros por la intervención de la pequeña y para postre 150 euros por un ‘palito’. Los que vienen de fuera, en sus potentes lanchas, que pidan por esa boca, que para eso, a la basura que nos gobierna, le falta tiempo.

Ahora llamen racista a la madre de la niña. A mí por escribir esta noticia. Sinceramente, nos importa…bien poco.

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