viernes, junio 18, 2021

José Antonio Luque, desesperado: Quieren derribar su casa y encima tiene que pagar 56.000 euros por su demolición

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Movilización de asociaciones, vecinos y amigos esta mañana a las diez para evitar tal injusticia

Esto es Cartagena, esto es España. Quieren derribar tu casa y encima tienes que pagar por ello. ¿No se lo creen? Lean atentamente esta noticia.

José Antonio Luque es un vecino de La Manga de 79 años. Médico jubilado de la Armada. Con esas edad y su profesión, era de esperar que tuviese un retiro tranquilo. Pero no. Ahora comienza su calvario.

Su domicilio, junto al restaurante Katy en la playa de Levante (Cabo de Palos), va a ser demolido. Y tiene que pagar la friolera de 56.000 euros por ello. Es decir, te tiran tu techo, tu vida…y tienes que soltar un pastizal encima. SURREALISTA.

¿El culpable? Una orden de la Dirección General de Costas de desalojo, con presupuesto a coste del propietario.

Lógicamente, la noticia ha saltado a los medios de comunicación y también al resto de la sociedad, estupefactos ante tal acontecimiento.

Por ello, asociaciones, vecinos y amigos y compañeros de Luque se movilizarán esta mañana a partir de las diez para evitar el desalojo y el derribo. Además, han puesto en marcha una campaña en change.org

Resulta que esta vivienda de Luque en Cabo de Palos es la única suya en propiedad. Vive allí. Su casa, la que quieren destruir, es una de las nueve primeras viviendas construidas del litoral de La Manga (1949). Una vivienda que es una reliquia y como tal debería estar protegida y ser de interés urbanístico. Pero no, quieren hacerla desaparecer.

¿Por qué?

Supuestamente, vulnera la ley medioambiental, aunque la casa se construyó sobre arena dura y no arena de playa y respetando los límites de cercanía al mar.

Luque añade que «es la primera notificación que recibimos. Tres años después de pedir la prórroga de la concesión que tiene otorgada mi familia desde 1952, dejando a salvo el derecho a la propiedad, que está hoy por hoy fehacientemente demostrada desde 1867».

Para más inri, dicha orden impide la posibilidad de pedir el amparo de la justicia. Quieren derribar su casa porque sí. Sin dar explicaciones y sin posibilidad de demostrar que es una fechoría en toda regla. «Se han cometido infinidad de errores en nuestro expediente en 30 años. Es un sinsentido. Todo está lleno de fechas erróneas y falsos herederos», afirmó.

Continuó destacando que «es un crimen talibán lo que quieren hacer. Un atropello con consecuencias muy graves. En un estado de derecho esto no puede suceder. La legalidad de compra y construcción es impecable. Documentado. Mi abuelo José Antonio Torres le compró, en 1949, al notario de La Unión Emeterio Martínez Conde, el solar de su propiedad, en la playa de Levante de Cabo de Palos. Solicitó los permisos preceptivos en aquel momento para la construcción de dos viviendas, dentro de este solar. Al  Ayuntamiento de Cartagena, Cabo de Palos está en su término municipal; a la Comandancia de Marina, por ser un solar del litoral  y al Ministerio de Obras Públicas».

Tal vez esta justicia de circo que impera en nuestro putrefacto país debería ser así de cruel y tajante con otras personas y en otras circunstancias. Mientras al okupa se le dan privilegios por entrar ilegalmente y destrozar un inmueble, por ejemplo, a otras personas como José Antonio Luque se le quiere derribar su casa, una de las primeras de La Manga, con falsas excusas. Quieren dejarlo en la calle y encima que pague 56.000 euros por ello.

El Ayuntamiento de Cartagena pide la paralización

El Ayuntamiento de Cartagena ha solicitado al Gobierno la paralización del derribo ordenado por la Demarcación de Costas.

Así lo expuso ayer en el pleno la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, tras una reunión mantenida con los vecinos afectados. Dicha petición contó con el apoyo de toda la corporación.

«Con esta iniciativa, instamos al gobierno de España a que lleve a cabo el estudio de la prolongación del paseo marítimo de Cabo de Palos antes de desalojar cualquier vivienda y que, siempre cumpliendo con la ley, se agoten todas las vías posibles para evitar daños irreparables», apuntó Arroyo.

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