miércoles, mayo 18, 2022

«El obvio derecho al bien común»

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Artículo de opinión de Carlos León Roch

A las gentes normales, los que acatamos las leyes; conducimos por la derecha; pagamos los impuestos y queremos a nuestra familia, amigos, Ciudad, Nación y Dios, nos suelen llamar “constitucionalistas”, adjetivo que, para algunos, es sinónimo de “derechistas”…o hasta “fachas…”.

Lo decía José Antonio en1934… ”Los embalses no se construyen para un agradable paseo en bote por su superficie, sino para regar tierras sedientas y generar energía»  (cito de memoria… y con añadidos).

En estas fechas, el gobierno de Castilla La Mancha ha elaborado un documento que incide en destruir el Transvase Tajo-Segura… ¡como si el rio Tajo fuera de ellos…! Y, por supuesto cuando el gobierno catalán se opuso “con todo” al ambicioso Plan Hidrológico Nacional…Todo ello, ¡también el de Castillas!, absolutamente anticonstitucional. Porque solamente los ríos que transcurren por una sola comunidad autónoma- como el Miño- “son” de esa Comunidad Autónoma; mientras que los que discurren por varias son de “todos los españoles”, como reafirma la Constitución vigente en su artículo 149, en su apartado 22, al detallar las competencias exclusivas del Estado… ” La  legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma…” 

Verdaderamente las imágenes de los grandes ríos no han dejado  de ser preocupante. Las grandes lluvias de esta anómala temporada, las temperaturas, el deshielo y todo eso han producido, al parecer, unas enormes avenidas con desbordamientos que, afortunadamente, no han causado hasta ahora desgracias importantes. Los organismos competentes están evaluando desembalses masivos en el supuesto de nuevas e importantes riadas. Rogamos para que todo se desarrolle bien.

Pero esas alarmantes noticias han hecho recordar que, sin necesidad de inundaciones ni de temporales continuados, cada día el Ebro tira al mediterráneo 40 hectómetros de agua dulce para convertirla, inmediatamente, en el agua salada del mar.

Y resulta que esos son cuarenta y tantos millones de metros cúbicos, y como somos aproximadamente unos cuarenta y tantos millones de españoles en la actualidad…, pues a mí personalmente me corresponde 1 metro cúbico diario que alguien, en contra de las Leyes, tira al mar sin mi permiso.

Cuando abrimos el grifo aquí, en el levante, somos conscientes que gran parte de esa agua procede del Tajo, de “nuestro Tajo”.

Cuando, en verano, nuestros compatriotas de Castilla se bañan en “nuestras” playas, también sabemos que si aquellas son ”nuestras” aguas; éstas son también, sus aguas marinas, “sus playas”…

Similares consideraciones son atribuibles al régimen minero y a las aguas territoriales, que también están anticonstitucionalmente cuestionadas en este tiempo, tras la aparición de importantes yacimientos mineros en la provincia de Cáceres y en las aguas territoriales en Canarias.

La invocación a la Constitución ha de formularse, sí, ante las grandes cuestiones de derechos fundamentales, pero también en aquellas cuestiones, claramente establecidas en la Constitución, como el derecho de todos los españoles al agua (dulce y salada), al litio o al petróleo de nuestras guas…

El obvio derecho al bien común.

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