jueves, agosto 11, 2022

La caja de Pandora de la corrupción judicial

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El abuso de la justicia por los poderosos a través de los jueces corruptos lleva camino de hacer saltar por los aires a toda la Administración de Justicia

Cuenta la historia que Zeus deseaba vengarse de Prometeo por robar y entregar a los humanos el fuego, y presentó al hermano de éste a Pandora, con quien Epimeteo se casó. Como regalo de boda, Pandora recibió una caja que no debía abrir bajo ningún pretexto. Pero Pandora, llevada por su curiosidad, abrió la caja para comprobar qué contenía. Al abrirla escaparon todos los males del mundo y, cuando logró cerrarla, solo quedaba dentro el espíritu de la esperanza, único bien que había en la caja.

Algo parecido ha ocurrido en España con la corrupción judicial, que en los últimos tiempos ha abierto su caja de Pandora y se han cernido sobre la judicatura todos los males que llevan gestando y acumulando desde hace décadas. La ciudadanía se ha rebelado y ha pasado a la acción movimientos sociales, denunciando y manifestándose contra la sistémica corrupción judicial que impera en nuestro país, que tiene una de sus más claras muestras en la renovación del CGPJ. Si la justicia en España fuese independiente, no habría tanto problema en renovar el CGPJ, pero como cada uno quiere meter su cuchara se produce la guerra para colocar a los afines.

En 2005, Juan Luis Galiacho publicó, en la revista La Clave, “Los `lobbies´ de la Justicia”, artículo en el que ya decía que “los bufetes más importantes del país como Cuatrecasas, Uría & Menéndez, J&A Garrigues o Clifford Chance intentan situar a sus hombres de confianza dentro del Supremo y de otras importantes instancias judiciales” o “controlar la Justicia es uno de los objetivos de los grandes despachos de abogados que no tienen reparos en fichar a golpe de talonario a jueces y fiscales. Colocar a sus `peones´ en los altos órganos judiciales es otra de sus finalidades”.

(https://www.cremadescalvosotelo.com/sites/default/files/066_ranking-top_ten.pdf )

También nuestro compañero Josele Sánchez destapó, allá por el año 2018, la caja de Pandora de la corrupción judicial publicando una lista de presuntos jueces corruptos que estarían a sueldo del Banco Santander. El tiempo y los hechos parecen estar dándole la razón.

La corrupción judicial no la descubrió ni Josele Sánchez ni Juan Luis Galiacho, ni mucho menos; ya sobre ella hablaba Cicerón, un siglo antes de Cristo, diciendo que “el que seduce a un juez con el prestigio de su elocuencia, es más culpable que el que lo corrompe con dinero”.

También los libros sagrados han tratado la corrupción judicial, y así el Nuevo Testamento de la Biblia se refería a ella en la parábola de la viuda y el juez injusto o el Talmud con la elocuente frase “desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”.

Y eso es lo que ocurre en nuestro país, donde la corrupción judicial parece haberse instalado de manera sistémica en los tribunales y son nuestros magistrados los que merecen ser juzgados. En los últimos meses, se ha destapado la caja de Pandora de la corrupción judicial y no hay día en el que en los medios o en las redes sociales no aparezca alguna noticia que haga mención a la corrupción judicial y a jueces presuntamente con cuentas en paraísos fiscales repletas de millones de euros o dólares.

Ya en el año 2015 el ICIJ sacó a la luz con la “lista Falciani” los 2,7 millones de dólares que tenía en el HSBC de Suiza el ex magistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas, que manifestó que procedían de su trabajo como abogado y reconoció haber regularizó su situación con Hacienda en 2011. Al parecer la cuenta en Suiza se abría abierto pocos meses después de que López Vilas pidiese la excedencia del alto tribunal.

(https://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-09/lista-falciani-un-magistrado-del-supremo-en-excedencia-oculto-en-suiza-sus-ganancias_705921/)

El problema se acrecienta cuando hay magistrados que aparecen con millones de euros y dólares presuntamente a su nombre en cuentas de diferentes paraísos fiscales, pero no pueden justificar su procedencia, ya que sólo han ejercido en la Carrera Judicial y no pueden explicar ingresos adicionales tan cuantiosos; siendo entonces cuando asalta la duda al ciudadano sobre la procedencia de esos ingresos del posible cohecho y la corrupción judicial.

En los últimos meses, son diferentes las informaciones que circulan por las redes sobre diferentes magistrados del Constitucional, el Supremo, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial o miembros del CGPJ que tendrían, al parecer, cuentas bancarias abiertas a su nombre en paraísos fiscales como la Isla de Man, Jersey, Seychelles, Panamá, Luxemburgo, Liechtenstein, Malta o países como Irlanda, México o Brasil.

Consecuencia de esas informaciones se vienen presentando denuncias por particulares y asociaciones que luchan contra la corrupción judicial en las que se acusa a diferentes miembros de la judicatura de disponer de depósitos en cuentas bancarias que podrían proceder de la corrupción judicial.

(https://www.acodap.org/denuncias/)

Entre los denunciados aparecerían:

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, con más de 17 millones de euros en el Standard Bank de la Isla de Man; Cándido Conde Pumpido, magistrado del Constitucional y exfiscal general del estado, con más de 1,5 millones $ en dos bancos de México; los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: Andrés Martínez Arrieta con 1 millón € en el Isle of Man Bank, Julián Sánchez Melgar con 1,5 millones € en el Frick Bank de Liechtenstein, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca con 1,2 millones $ en el banco Itaú de Brasil, Andrés Palomo del Arco con 1,2 millones $ en BANISTMO de Panamá, Pablo Llarena Conde con 2 millones € en el VP BANK de Liechtenstein, Vicente Magro Servet con 0,750 millones € en la Banque de Luxembourg, Susana Polo García con 1 millón $ en el BLADEX de Panamá, Carmen Lamela Díaz con 1,2 millones € en el Allied Irish Bank, Ángel Luis Hurtado Adrián con 1 millón $ y 0,8 millones € en el Novobanq de Seychelles.

Los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no serían una excepción y algunos aparecerían en esa documentación, como Francisco Marín Castán con 1 millón $ en el BLADEX de Panamá; Francisco Arroyo Fiestas con 1,35 millones de € en el Bank of Ireland o el exmagistrado Antonio Salas Carceller, jubilado voluntariamente en noviembre de 2020 con, al parecer, 1,6 millones $ en el banco BANISTMO de Panamá.

Bajando de instancia, la lista continua con magistrados de la Audiencia Nacional que presuntamente también tendrían millones en bancos fuera de España como Santiago Pedraz Gómez con 0,8 millones de euros en el CITIBANAMEX, o Fernando Grande Marlaska (hoy ministro de Justicia) con supuestamente 20 millones en el citado banco mexicano o Joaquín Gadea Francés con 1,1 millones € entre el Union Bancaire Privee de Luxemburgo y el Kaiser Partner Privatbank de Liechtenstein.

Más abajo, tampoco se libran los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, entre los cuales aparecería el exmagistrado jubilado en noviembre de 2020, Pablo Quecedo Aracil con 1,8 millones de € en el Frick Bank de Liechtenstein o Jesús Gavilán López que se habría jubilado voluntariamente en mayo de 2021 con sus derechos pasivos correspondientes y, al parecer, 1,5 millones $ en el banco Itaú de Brasil. Dentro de la misma Audiencia Provincial presuntamente tendrían cuentas también los magistrados Juan Uceda Ojeda con 1,05 millones € en el Frick Bank de Liechtenstein y Paloma García de Ceca con 1 millón € en el Banque de Luxembourg.

También se habría denunciado a una larga lista de 21 vocales del CGPJ con presuntas cuentas o depósitos en Luxemburgo, Liechtenstein, Jersey, Isla de Man, Irlanda, Malta, Andorra, Brasil, Bahamas, Islas Cayman y Panamá. La Carrera Fiscal tampoco se libra.

Pero si hablamos de corrupción judicial no podemos olvidar las conversaciones telefónicas que el banquero italiano Andrea Orcel habría conseguido grabar a un alto directivo del Santander manifestando que el banco no perdía en España un pleito que no quisiera.

(https://okdiario.com/economia/orcel-asegura-tener-grabado-alto-cargo-santander-diciendo-que-no-pierden-juicio-espana-6928688)

Tenemos que recordar, obligatoriamente, los artículos de nuestro compañero Josele Sánchez en la Tribuna de España en los que, a finales de 2018, hacía pública una lista de jueces y magistrados que estarían presuntamente a sueldo del Santander. En aquellos artículos daba pistas sobre las cuentas de esos jueces en Brasil. Años después la información dada por nuestro compañero parece confirmarse, al existir documentación que demostraría que la jueza de primera instancia Blanca Rosa Bartolomé Collado, con su marido Jorge Esteban Gutiérrez, podrían tener depositados 4 millones $ en el banco Itaú de Brasil, o que la también jueza de instancia María Isabel Ferrer-Sama dispondría de 1,75 millones $ en el mismo banco en Sao Paulo.

En esos listados e informaciones que circulan por las redes y que han llegado hasta nosotros, aparecen otros jueces a los que aún no hemos mencionado dejándolos para ocasión más propicia, mientras el guisado va cogiendo gusto cocinándose a fuego lento; con la convicción de que la relación se irá haciendo más larga y cada vez saldrán más jueces con depósitos opacos en paraísos fiscales que no podrán justificar. No se preocupen que nosotros en cuartaedicion.com los haremos públicos para todos ustedes.

No podemos finalizar sin rendir homenaje a los denunciantes de corrupción que están revelando a los presuntos jueces y magistrados corruptos, motivo por el que están siendo injustamente represaliados, en contra de lo que dispone la Directiva 2019/1937, entre los que debemos mencionar especialmente a Josele Sánchez que tuvo que huir del país por la persecución judicial contra su persona, con varias causas pendientes por hacer público lo que otros medios no se atrevían y a Fernando Presencia cuyas denuncias, siendo ex miembro de la Carrera Judicial, tienen un plus de credibilidad pese a que los medios y sus excompañeros le están sometiendo a un linchamiento público personal en vez de tratar de investigar sus denuncias y demostrar la certeza o falsedad de sus imputaciones.

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