domingo, febrero 5, 2023

Memoria ‘Histérica’: El Gobierno comienza los trabajos previos a las exhumaciones de 110 víctimas de la Guerra Civil en el Valle de los Caídos

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Con el visto bueno de Patrimonio Nacional, un presupuesto de 650.000 euros y, al parecer, sin licencia urbanística

La Memoria de la Vergüenza. El Gobierno comienza hoy las obras previas a las exhumaciones de más de cien cuerpos víctimas de la Guerra Civil. Lo hace bajo el visto bueno de Patrimonio Nacional, con un presupuesto de 650.000 euros y, según parece, sin licencia urbanística, como bien ha informado el diario La Razón.

Nos referimos, lógicamente, al Valle de los Caídos, hoy llamado Cuelgamuros y en el origen de esta intervención está la petición de la familia de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, fusilados en Calatayud en 1936 por sus actividades sindicalistas y trasladados a los columbarios de la cripta principal de Cuelgamuros en 1959. Un fallo judicial avaló en 2016 una intervención para que sus restos sean devueltos a Aragón, sentencia a la que se acogieron después el centenar de allegados con interés en recuperar lo que quede de los suyos.

Por su parte, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos ya ha anunciado que actuará en cuanto tenga conocimiento que arrancan de manera oficial las obras…esas sin licencia y en contra de las 260 familias que representa la asociación y que piden «respeto por los restos de sus seres queridos y a sus familias, a las que se está ninguneando».

Según la entidad, la Justicia pedía también en 2016 el «respeto debido a la basílica y a los deseos de terceros». Su principal preocupación es que, dado el estado de deterioro del interior de los osarios, los restos se vean afectados por la manipulación en los columbarios, y cuando «en el 80% de las 110 peticiones no está acreditado que los suyos estén allí, lo que no deja de ser una temeridad».

Por otro lado, destacar que también se opone a dicha aberración la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que solicitó el viernes medidas cautelarísimas «para paralizar toda actuación en la basílica», y que estudiará «el aspecto penal de lo que suceda en el futuro para, llegado el caso, interponer la oportuna querella criminal contra los responsables».

Al parecer, el ‘trabajo’ de hoy consiste en la instalación de una puerta de madera que permita el cierre de la capilla del sepulcro para separarlo del resto de la basílica.

Mientras, la comunidad benedictina se mantiene al margen y continúa con la misma tarea desde su llegada al Valle de los Caídos: la oración por todas las víctimas de la Guerra Civil allí sepultadas. Pendiente de ejecutarse además su expulsión del recinto, según los pasos que aventura la Ley de Memoria Democrática, con una «resignificación» del recinto, que pasaría a ser cementerio civil. Aunque falta aún el real decreto ley que determine el nuevo estatus jurídico del complejo, como bien ha informado La Razón.

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