sábado, abril 20, 2024

Salvador Pérez Alcaraz y Blanca Soro, nuevos vocales del Consejo Jurídico de la Región de Murcia

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El Consejo de Gobierno acaba de aprobar dichos nombramientos

El abogado de La unión y residente en Cartagena, Salvador Pérez Alcaraz, letrado con más de 30 años de experiencia y especialista en Derecho Administrativo y Blanca Soro, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, acaban de ser nombrados nuevos consejeros del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, superior órgano consultivo en materia de Gobierno y de Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con plena autonomía orgánica y funcional.

Los Consejeros son designados entre juristas de reconocido prestigio con, al menos, diez años de dedicación a la función o actividad profesional respectiva y que ostenten la condición política de murcianos. Son nombrados por el Presidente de la Comunidad Autónoma por un período de seis años, tres por designación de la Asamblea Regional y dos a propuesta del Consejo de Gobierno.

Blanca Soro es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, cuenta con un máster en Política y Gestión Medioambiental por la Universidad Carlos III de Madrid, y es Doctora en Derecho por la UMU.

Por su parte, Salvador Pérez Alcaraz es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y cuenta con un currículum digno de admirar:

Ha sido profesor de Derecho Administrativo en las universidades Complutense de Madrid, Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE) y Universidad de Murcia, siéndolo actualmente en la Universidad Politécnica de Cartagena.

Es autor y coautor de diversas publicaciones y libros, entre otros, ‘Derecho urbanístico de la Región de Murcia’, ‘Comentarios a la LRBRL’ o comentarios a la ley de contratos del sector público.

Numerosos éxitos a lo largo de su carrera

Salvador Pérez Alcaraz ha protagonizado algunos de los litigios con mayor resonancia en la CARM, como la anulación de los expedientes de regulación de empleo de FESA ENFERSA (grupo ECROS), el proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán, varios expedientes de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, o del paseo marítimo de la playa de Marchamalo (La Manga) entre otros muchos.

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